TERREMOTO ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS EDIFICIOS NUEVOS? Y ¿QUIEN DEFIENDE A LOS CONSUMIDORES?
No podemos quedar impávidos frente al enorme dolor nacional que hemos sentido al observar las imágenes que nos llegan y que dan cuenta de lo devastador que fue este sismo y maremoto que afectó a nuestro país desde la 5ª y hasta la 9ª región, algo así como 800 Km de longitud y varias de las ciudades más importantes.
Sin embargo, junto con observar tanta destrucción, el Ministerio de la Vivienda habla hoy de 1.500.000 vivienda en mal estado, nos llama poderosamente la atención la cantidad de construcciones con menos de 5 años de uso que han colapsado y han quedado en condiciones de inhabitabilidad.
Edificios en Concepción, Viña del Mar, Talca, Constitución, Santiago en varias Comunas, etc. nos muestran edificios habitacionales con menos de 5 años de construcción, con daños de tal magnitud que los convierten en chatarra habitacional. Pero el problema, en nuestra opinión, es bastante mayor. En efecto, toda la infraestructura vial de nuestro país se ha transformado en insegura ya que, obras nuevas, como autopistas, paso sobre nivel y puentes, no resisten los embates naturales como sí lo resistían las antiguas construcciones (recordemos el inútil primer intento de dinamitar un puente antiguo en el norte). No obstante, tanto los edificios como las obras viales, le cuestan al ciudadano un tremendo costo personal, en un caso es el dividendo y en el otro, los suculentos peajes por el uso de una infraestructura que suponemos confiable y segura.
En este apretado análisis, nos surgen dos grandes interrogantes. La primera, ¿Quién, verdaderamente, fiscaliza los cálculos estructurales y los estudios de suelos de estas obras? La respuesta que he recibido es “El Mercado”. En efecto, según esta teoría, el mercado debe fiscalizar porque si el proyecto, como en este caso, falla, el capitalista perderá velocidad de recuperación de la inversión y de la rentabilidad por los castigos que debiera conllevar, sin embargo, esta teoría no es correcta, porque aunque el proyecto falle, en este caso el usuario continuará pagando por el uso de una infraestructura incompleta, insegura y molesta, porque nadie, finalmente, sancionará al proyecto como tampoco le exigirán suspender el cobro del tramo mientras dure la reparación. Entonces, ¿Para qué gastar en fiscalizar…menos en sancionar?
La segunda interrogante es ¿Quién regula la creación y el ejercicio de una Empresa Constructora? Hoy es más fácil crear un Constructora o Inmobiliaria que poner en marcha una PYME familiar…Si no nos creen, inténtelo. La legislación actual favorece, ampliamente, al inversionista. El consumidor pareciera estar protegido. Le señalarán una multiplicidad de leyes que lo “protegen” pero que, finalmente en la práctica, no sirven de nada. Ejemplo, ¿Recuerdan a aquella empresa que vendía y escrituraba departamentos con un metraje cuadrado superior al que realmente tenían?, pregunte hoy que pasa con ella, continúa construyendo y vendiendo, publicitando ventas de fin de semana, etc. sin que nunca haya tenido una sanción, al menos social, por su gran estafa y ¿Saben por qué?, porque la legislación está maléficamente concebida para que “parezca que si” pero no. En cualquier caso, ganar un juicio a una inmobiliaria invocando la garantía, es en la práctica imposible, porque el consumidor no tiene los conocimientos ni los recursos para actuar. Si no nos creen, busquen donde hay una sola jurisprudencia favorable para un pobre consumidor.
Creemos que ha llegado el momento de crear una agrupación fuerte que reúna a los compradores de departamentos y que les permita luchar con más fuerza en contra de los abusos de leyes interesadas y mal desarrolladas y en contra también de las constructoras e inmobiliarias piratas que nacen para construir un edificio y luego desaparecen…con honrosas excepciones.
Dejamos lanzada la idea.
